En un encuentro mantenido hoy 9 de marzo con el Ministro de Justicia en Ciudad Real, la representante de STAJ y presidenta de la Junta de Personal de Justicia en la capital manchega, Carmen Romero, ha exigido la paralización de la privatización del Registro Civil, insistiendo en que el Registro permanezca como un servicio público y gratuito dentro de la Administración de Justicia y servido por funcionarios de Justicia.
El Ministro de Justicia falta a la verdad cuando afirma que se mantendrán las garantías de legalidad y protección de datos que ahora protegen el tratamiento de los actos inscritos en el Registro Civil, porque los Registradores de la Propiedad y mercantiles son funcionarios públicos. Olvida el Ministro que los Registradores cobran por arancel (cuantos más actos se inscriban, más cobran) y que los trabajadores de los Registros de la Propiedad no son ni siquiera empleados públicos en el más amplio sentido de la palabra, y por tanto no están sometidos al imperio de la ley a lo que sí estamos sometidos los funcionarios.
El Ministro falta a la verdad cuando dice que el Registro Civil seguirá siendo gratuito, porque para financiar su coste se están inventando nuevos trámites absurdos, inútiles y superfluos que habrán de ser inscritos en el Registro Mercantil previo pago del correspondiente arancel por los ciudadanos.
Y falta a la verdad cuando dice que la mayoría de las quejas de los ciudadanos por el
funcionamiento de la Justicia están motivadas por el servicio que presta el Registro Civil, porque la realidad es que esas quejas tienen su objeto en la falta de medios humanos y materiales, premeditadamente ocasionada por los responsables políticos que son los que con su inactividad han provocado atrasos escandalosos, por ejemplo, en los expedientes de nacionalidad (a pesar de haberse incrementado en un 600 % en los últimos doce años, las plantillas de la DGRN y las propias oficinas de Registro Civil han permanecido inalteradas).
El Ministro a pesar de todo ha dicho que la desjudicialización y entrega del Registro Civil a los Registradores mercantiles no tiene marcha atrás, y que esa desjudicialización no es una decisión del Partido Popular, sino un mandato parlamentario que se adoptó en 2011, añadiendo que en cualquier caso están garantizados todos los puestos de trabajo de los funcionarios afectados.
STAJ ha exigido además la devolucion del cien por cien de la extra de diciembre de 2012, la recuperacion de derechos y el cumplimiento estricto del preacuerdo de julio de 2014 en relación con la promoción interna independiente de las ofertas de empleo público.
NO PERMITAS QUE SE PRIVATICE
Fuente:stajmadrid.wordpress.com
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