Los cabecillas de la organización sobre la que ha actuado la Policía Nacional eran un asesor marroquí residente en Los Dolores (Cartagena) y una abogada afincada en Granada. Los detenidos facilitaban, empadronamientos en 'casas patera', facturas falsas, contratos de trabajo e incluso planes de negocio por cuenta propia, para darse de alta como autónomos. La organización trasladaba a los extranjeros a Granada, donde la letrada les proporcionaba toda la documentación falsificada necesaria para su regularización, previo pago de entre 2.000 y 5.000 euros.
La Policía Nacional ha desarticulado, en Cartagena y Granada, una organización criminal que facilitaba a ciudadanos extranjeros, mayoritariamente marroquíes, toda la documentación falsificada necesaria para la regularización de su situación ilegal en España.
Las investigaciones de la denominada 'Operación Albaicínse' iniciaron a finales del año 2013 cuando los agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Cartagena tuvieron conocimiento que un ciudadano marroquí, residente en el barrio cartagenero de Los Dolores y gestor de una asesoría orientada a extranjeros, se estaba dedicando a facilitar documentación falsa a sus compatriotas para regularizar su situación en España.
Los investigadores constataron que este asesor se desplazaba regularmente a Granada, acompañado de personas de su nacionalidad, donde en una primera visita, se dedicaba a realizar empadronamientos fraudulentos en “pisos patera” de la capital y municipios próximos, así como otros trámites ante organismos oficiales andaluces. Posteriormente esa documentación falsa y fraudulenta se presentaba ante la Oficina de Extranjería junto a solicitudes de arraigo social.
Los agentes solicitaron información a diversas administraciones públicas de Ayuntamientos de varias provincias andaluzas y de la Región de Murcia, Centros de Enseñanzas, Servicios y Centros de Salud, pudiendo comprobar que las documentaciones aportadas en la Subdelegación del Gobierno de Granada para solicitar la regularización de los extranjeros era totalmente falsa. Dicha documentación, correspondía siempre a extranjeros en situación ilegal residentes en la zona de Cartagena y Comarca.
Mediante la misma, por parte de la organización se pretendía simular la residencia continuada en España durante al menos tres años, periodo mínimo exigido por la vigente Ley de Extranjería para la concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales.
Del mismo modo, otras gestiones a través de la Oficina de Extranjería de Granada permitieron detectar en numerosos expedientes, la aportación de Planes de Negocio por Cuenta Propia. Dichos planes hacían referencia a la intención del extranjero de establecerse como trabajador autónomo, sustituyendo en las solicitudes de residencia a los contratos de trabajo y cuya finalidad era la acreditación de medios económicos del solicitante. Los Planes de Negocio, previamente a ser presentados en Subdelegación, eran aportados ante la UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) para obtener un informe de viabilidad. En todos los planes a los que se tuvo acceso se aportaba, entre otra documentación, facturas falsas de diversas empresas ubicadas en Murcia y Granada.
Localizados varios de los solicitantes, los investigadores se percataron de la tramitación fraudulenta de los planes de empleo, así como de la ausencia de toda intención de realizar la actividad descrita en los planes (jardinería, venta ambulante, peluquería…) y del pago de cuantiosas cantidades por la venta de documentación, elaboración de los planes y la tramitación de expedientes de residencia.
Los ciudadanos extranjeros irregulares eran captados en Cartagena por la organización a través de un asesor de nacionalidad marroquí el cual, dependiendo de la situación económica de cada víctima, les ofrecía la documentación que pudiesen necesitar para su regularización, así como diversos viajes a Granada para la realización de los trámites necesarios. Se les exigían cantidades comprendidas entre los 2.000 y 5.000 euros, en efectivo para no dejar rastro alguno. En las distintas visitas a Granada eran puestos en contacto con una abogada de nacionalidad española, encargada de la preparación y elaboración de Planes de empleo fraudulentos, así como su presentación junto a las facturas falsas requeridas ante el colectivo de autónomos. Posteriormente los planes junto con el resto de documentación falsa se adjuntaban a los expedientes de arraigo tramitados ante la Oficina de Extranjería.
La operación, que continúa abierta, ha permitido la desarticulación del grupo organizado, la detención, hasta el momento, de diez personas y la intervención de cuantiosa documentación. Entre los detenidos, además de intermediarios, se encuentra el asesor de nacionalidad marroquí afincado en Cartagena y la abogada española en Granada.
Fuente:.cartagenadeley.es
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