- CCOO acusa al ministro de Justicia, Rafael Catalá, de engañar a la opinión publica, a pesar del rotundo fracaso de la gestión realizada por los registradores en las anteriores encomiendas.
- El ministro fomenta fomenta el deterioro del servicio público de la Administración de Justicia, infradotándolo de medios, para justificar así la privatización del Registro Civil.
- La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), presentada por CCOO el pasado mes de diciembre, ha superado el trámite del Congreso y del Senado y ha sido remitida a la Junta Electoral Central que es la encargada de notificar su admisión a trámite para proceder a la recogida de firmas.
En un país civilizado lo ocurrido con la resolución de los expedientes de nacionalidad española sería causa más que suficiente para el cese fulminante de los responsables políticos del Ministerio de Justicia. España no lo es. Tal y como denunció CCOO, tras la finalización del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) el 31 de diciembre de 2013, y estando pendientes de resolver miles de expedientes y de recursos, por más que el Ministerio de Justicia no deje de vender el éxito de dicho plan en que se denegaron más solicitudes de nacionalidad y se requirieron más documentación adicional que nunca, el Ministerio de Justicia asumió el 1 de enero de 2014 la tramitación y resolución de los expedientes de nacionalidad pero, en lugar de poner los medios necesarios, infradotó el servicio que tiene que hacer la tramitación, y tan sólo alrededor de 70 personas son las encargadas de tramitar y resolver todos los expedientes, es decir, los expedientes de 2010, 2011 y 2012 que no se repartieron para tramitarse durante el PIN, 20.000 recursos de reposición, un alto porcentaje de expedientes de 2013, la totalidad de los expedientes de 2014 (que aún están todos ellos sin número de expediente)... así que, a día de hoy, puede haber acumulados ya otra vez una cifra cercana a 200.000 expedientes y alrededor de 20.000 recursos. La dotación de personal del Ministerio, tal y como denunció CCOO, resulta claramente insuficiente, demuestra una clara dejación de sus funciones por parte del Ministerio de Justicia cuya obligación es dotar con los medios personales y materiales necesarios el servicio para resolver en un plazo razonable las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española, pero de esta manera abre la puerta a la justificación para su externalización y, por tanto, para su privatización.
Pero además el problema se ha visto agravado porque el registro y digitalización de los expedientes de nacionalidad realizado por el Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad, ha ido durante el año 2014 tremendamente lento, e incluso se paralizó durante al menos 4 meses, y en la actualidad están registrando los expedientes remitidos en diciembre de 2013. Hasta que los expedientes no se registran y digitalizan no se puede iniciar la tramitación de los mismos, que corresponde al Ministerio de Justicia.
Ante el desastre creado de nuevo por el Ministerio de Justicia, con Catalá a la cabeza, en lugar de dotar de mejores medios al Ministerio de Justicia, o de permitir que los Registros Civiles completen la fase de instrucción en lo que corresponde al Ministerio de Justicia y elevar propuesta de resolución, lo primero que hace es, de nuevo, cargar contra los actuales Registros Civiles. Y lo segundo es alabar a los Registradores, como bálsamo de fierabrás que acabará con los males del Registro Civil y de los expedientes de nacionalidad, aunque ello suponga la privatización de un servicio público.
Y con ello Catalá avanza en la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores, privatización puesta en marcha en 2012 por los entonces responsables del Ministerio de Justicia, con el Director General de Registros y sus asesores que eran registradores a la cabeza, y del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
CCOO vuelve a rechazar la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque supone privatizar la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de nacionalidad, siendo que el mismo o mejor resultado se puede obtener dotando de más personal al Ministerio de Justicia para su resolución o modificado el art. 222 del Reglamento del Registro Civil, a fin de permitir a los Registros Civiles, instructores del expediente, la petición de los informes a Policía Nacional y demás, elevando propuesta de resolución para su firma digital por el Director General de los Registros y del Notariado. De esta forma los expedientes no saldrían de los Registros Civiles y no habría habido la gran cantidad de problemas derivados de la tramitación del PIN por personas desconocedoras de esta materia.
Todo lo anterior demuestra claramente la incompetencia del ministro de Justicia para hacer frente a sus responsabilidades y, por ello, para CCOO debería dimitir. El Ministerio de Justicia se quiere quitar de encima a los actuales Registros Civiles por mandato de Rajoy y regalarlos a los Registradores, utilizando cualquier excusa para ello, a pesar de que sabe que al hacerlo está actuando en claro conflicto de intereses y adoptando decisiones que huelen a presunta corrupción política.
CCOO llama a los trabajadores y a las trabajadoras, y a la ciudadanía, a que se unan a esta lucha, apoyando de forma activa la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, tan pronto la Junta Electoral Central notifique su admisión a trámite para proceder a la recogida de firmas, CCOO trasladará a todos los colectivos ciudadanos, profesionales, vecinales, de consumidores, partidos políticos y sindicatos que compartan con nosotros la apuesta de un Registro Civil público, gratuito y dentro del ámbito de la Administración de Justicia, para que, entre todos, podamos conseguir las 500.000 firmas necesarias para que la iniciativa se debata en el Congreso como Proyecto de Ley.
Pero además el problema se ha visto agravado porque el registro y digitalización de los expedientes de nacionalidad realizado por el Centro de Digitalización del Colegio de Registradores de la Propiedad, ha ido durante el año 2014 tremendamente lento, e incluso se paralizó durante al menos 4 meses, y en la actualidad están registrando los expedientes remitidos en diciembre de 2013. Hasta que los expedientes no se registran y digitalizan no se puede iniciar la tramitación de los mismos, que corresponde al Ministerio de Justicia.
Ante el desastre creado de nuevo por el Ministerio de Justicia, con Catalá a la cabeza, en lugar de dotar de mejores medios al Ministerio de Justicia, o de permitir que los Registros Civiles completen la fase de instrucción en lo que corresponde al Ministerio de Justicia y elevar propuesta de resolución, lo primero que hace es, de nuevo, cargar contra los actuales Registros Civiles. Y lo segundo es alabar a los Registradores, como bálsamo de fierabrás que acabará con los males del Registro Civil y de los expedientes de nacionalidad, aunque ello suponga la privatización de un servicio público.
Y con ello Catalá avanza en la privatización del Registro Civil y su entrega a los Registradores, privatización puesta en marcha en 2012 por los entonces responsables del Ministerio de Justicia, con el Director General de Registros y sus asesores que eran registradores a la cabeza, y del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
CCOO vuelve a rechazar la implantación del Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) porque supone privatizar la tramitación y propuesta de resolución de los expedientes de nacionalidad, siendo que el mismo o mejor resultado se puede obtener dotando de más personal al Ministerio de Justicia para su resolución o modificado el art. 222 del Reglamento del Registro Civil, a fin de permitir a los Registros Civiles, instructores del expediente, la petición de los informes a Policía Nacional y demás, elevando propuesta de resolución para su firma digital por el Director General de los Registros y del Notariado. De esta forma los expedientes no saldrían de los Registros Civiles y no habría habido la gran cantidad de problemas derivados de la tramitación del PIN por personas desconocedoras de esta materia.
Todo lo anterior demuestra claramente la incompetencia del ministro de Justicia para hacer frente a sus responsabilidades y, por ello, para CCOO debería dimitir. El Ministerio de Justicia se quiere quitar de encima a los actuales Registros Civiles por mandato de Rajoy y regalarlos a los Registradores, utilizando cualquier excusa para ello, a pesar de que sabe que al hacerlo está actuando en claro conflicto de intereses y adoptando decisiones que huelen a presunta corrupción política.
CCOO llama a los trabajadores y a las trabajadoras, y a la ciudadanía, a que se unan a esta lucha, apoyando de forma activa la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, tan pronto la Junta Electoral Central notifique su admisión a trámite para proceder a la recogida de firmas, CCOO trasladará a todos los colectivos ciudadanos, profesionales, vecinales, de consumidores, partidos políticos y sindicatos que compartan con nosotros la apuesta de un Registro Civil público, gratuito y dentro del ámbito de la Administración de Justicia, para que, entre todos, podamos conseguir las 500.000 firmas necesarias para que la iniciativa se debata en el Congreso como Proyecto de Ley.
Fuente:fsc.ccoo.es
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