La tasa se sitúa entre los 20 y los 35 para cada uno de los informes de extranjería —arraigo social, reagrupación familiar y renovación de residencia— que solicitan los inmigrantes. Marzo fue el mes en el que más dinero se recaudó, según fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia: 64.711 euros pagados por 2.402 inmigrantes. En febrero, la recaudación se quedó en unos 57.000 euros, mientras que en abril se alcanzaron los 61.000.
La Generalitat asumió la competencia para elaborar informes de extranjería hace tres años. Desde entonces, ha recibido 82.212 solicitudes de informes y ha tramitado la inmensa mayoría de ellos; solo el 7,2% son desfavorables para los inmigrantes, especialmente por desconocimiento lingüístico.
Hasta el pasado enero, solo cobraban tasas por ese concepto algunos municipios, que son los que estudian cada caso particular y remiten la información a la Generalitat. Con esos datos, la administración autonómica elabora un informe que, a su vez, remite al Estado, que en última instancia decide el sentido favorable o desfavorable del informe. El Gobierno catalán, en cualquier caso, ha apostado también por cobrar y exige 35 euros por informe, con excepción de la renovación de residencia temporal, por la que percibe 20 euros.
De todos los expedientes elaborados desde 2011, más de la mitad son solicitudes de arraigo social, seguidos de la reagrupación familiar (32,7%) y la renovación de residencia (11,5%). Se han emitido ya 80.904 informes, aunque están por resolver otros 1.308. En los informes de arraigo social, los principales motivos para desestimar las demandas de los inmigrantes son el desconocimiento lingüístico, no llevar más de tres años de residencia en España, falta de medios económicos, poca formación sociolaboral y falsedad documental.
Fuente:elpais.es
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