Justicia abandona la reforma del Registro Civil.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abandona el actual proyecto de reforma del Registro Civil. Así lo ha explicado hoy en declaraciones públicas el propio ministro, que ha explicado que renuncia tanto a la fecha prevista de puesta en marcha (15 de julio) como al propio modelo previsto de asignar la gestión a los registradores. El proyectos estaba ya en fase de enmiendas en el Congreso. "Estamos abiertos a propuestas. Sometemos el modelo a revisión. Nos replanteamos el plazo e incluso el modelo", ha explicado Catalá.

Las palabras del ministro suponen poner el marcador de la reforma a cero. No ha querido decir expresamente que el proyecto ya no saldrá adelante ni en julio ni antes de las elecciones generales noviembre, pero parece evidente que ante las "discrepancias" entre las partes implicadas no es factible que haya reforma antes del final de la legislatura.

"Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar", ha dicho Catalá a las puertas del Tribunal Supremo, tras un acto del Colegio de Abogados de Madrid . "No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las administraciones públicas, por los trabajadores, por los sindicatos y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar adelante una reforma que no cuente con los apoyos necesarios", ha añadido Catalá, que llegó al cargo el pasado septiembre.

El ministro ha explicado que retomará el diálogo con las partes afectadas la próxima semana. También ha precisado que no quiere que el diálogo se eternice y ha resaltado el proyecto de poder registrar los nacimientos y defunciones desde los propios hospitales vía telemática seguirá adelante.

Se trata de un nuevo proyecto del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardónque no sale adelante tras, entre otros, el del aborto y el de las tasas judiciales. El origen de la reforma se encuentra una decisión unánime del Congreso, a propuesta del PSOE, para desjudicializar el Congreso. Cuando el PP llegó al poder propuso que fueran los registradores de la propiedad y mercantiles, en lugar de los jueces, los que se encargaran del registro. La idea que generó críticas desde numerosos frentes ante los que se interpretó como una "privatización" y un riesgo de que los trámites se encarecieran.

Fuente:elmundo.es