La nueva Ley de Extranjería dificulta la reagrupación familiar y eleva sanciones .

El ministro de Trabajo e Inmigración , Celestino Corbacho, aseguró ayer que la nueva Ley de Extranjería tiene como objetivo «perfeccionar el sistema de inmigración legal y ordenada». Corbacho logró la aprobación del Consejo de Ministros para la nueva ley, que ahora debe ser presentada en el Congreso y recabar apoyos parlamentarios. El Govierno ha emprendido una reforma que, a causa de la crisis, ha rebajado de forma considerable las expectativas sociales. Izquierda Unida definió esta situación con el calificativo de «tufillo a derechazo». 

Una de las novedades de la Ley de Extranjeria nueva se refiere a la reagrupación familiar. El Gobierno distingue entre núcleo familiar básico, integrado por cónyuge e hijos, y los ascendientes. Para poder traer a España a estos últimos y beneficiarse del apartado de «reagrupación familiar», el inmigrante deberá contar con un permiso de residencia de larga duración, al menos de cinco años. 

Límites de edad
Además, las personas a las que quiere reagrupar deberán ser mayores de 65 años, edad que ya no les permite ejercer una actividad laboral. El régimen sancionador de la nueva ley es mucho más duro y son también considerablemente más caras las multas previstas.
También se modifica el plazo de retención máximo al que se podrá someter a los inmigrantes. Este plazo se eleva de los 40 a los 60 días. Estaba previsto ampliarlo en diez días más, hasta los 70, pero el Gobierno ha decidido en el último momento dejarlo en 60. 
En el capítulo de derechos se han logrado algunos avances, en materia de educación y de asociación. Los inmigrantes también tendrán derecho a la educación secundaria y no sólo a la primaria, como hasta ahora.

El trámite parlamentario de la nueva Ley está previsto para el primer trimestre de 2009. El ministro Corbacho expresó su deseo de que se alcance el máximo consenso para lograr que la reforma se lo más duradera posible. 
El PP respondió al acuerdo con un cuadro comparativo entre la proposición de ley que el Grupo Popular presentó en noviembre y el anteproyecto del Govierno. La conclusión, según su secretario general, José Luis Ayllón, es que copia el 80 % de su iniciativa. 

No obstante, se quejan de que la reforma llega tarde y es incompleta porque sigue sin afrontar el contrato de integración, la prohibición de las regularizaciones masivas por ley y no apuesta por políticas activas de integración laboral y social. El PP señala como copia de su propuesta la limitación en la reagrupación familiar (aunque su iniciativa iba más allá al eliminar las reagrupaciones en cadena), el reconocimiento del derecho de asociación y huelga, el fondo para financiar las iniciativas de las comunidades y ayuntamientos y la decisión de que los hijos mayores de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho tengan permiso de trabajo de forma automática. 

La Comunidad de Madrid fue mucho más crítica. Para el consejero de Inmigración, Javier Fernández Lasquetty, es una propuesta «fallida» que no afronta «el importante problema que tiene España en cuanto a la irregularidad de los flujos migratorios ni mejora los cauces legales de llegada de inmigrantes».
Fuente:larazon.es